Esto es lo que vamos encontrando en la prensa tanto local como nacional. También publicamos en este medio nuestras notas de prensa.
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Dreambeach 2024 ha superado los límites de ruido permitidos según mediciones homologadas realizadas durante los días del festival La Asociación ‘No al Dreambeach en El…
¿Ninguna institución hará cumplir la ley ni suspenderá el montaje ilegal del Dreambeach 2024? La Subdelegación de Gobierno de Almería no puede prestar protección y…
Tenemos jurisprudencia gracias a otro festival donde el ayuntamiento se saltó todo tipo de normativa de ruidos.
Los vecinos han conseguido anular este festival y mucho ojo, es un tribunal superior de justicia.
Vamos, este ayuntamiento no puede pisotear nuestros derechos ni destrozar nuestro barrio.
Las acciones vecinales contra el bienestar funcionan. En Madrid lo han conseguido y en El Toyo – Retamar lo conseguiremos porque el ayuntamiento incumple sistemáticamente su palabra.
Un macro festival, NUNCA se debe poner a 50 metros de viviendas con niños y mayores. Sea el que sea.
Lo contrario es romper la convivencia y una falta de respeto
Como pueden leer y escuchar, el ayuntamiento da por hecho que el evento se va a realizar, aunque no hay expediente o no lo enseñan a pesar de su promesa. ¡¡¡¡La alcaldesa nos pide que salgamos de nuestra zona de confort!!!! Está claro que esta alcaldesa solivianta a cualquiera. La pregunta de cientos de afectados es ¿porqué no se viene aquí a pasar los cuatro días? ¿va a cumplir la ley del ruido?
Queremos hacer especial mención a esta entrevista en la que el concejal Diego Cruz dice muchas cosas como que se reunió con los vecinos. No es cierto. Realmente los vecinos acudimos a nuestra junta oridinaria anual de la entidad de conservación de El Toyo y ahí estaba el concejal, para los que le conocían, porque los que no lo conocíamos no sabíamos quién era y además no estaba en la orden del día. Escuchó las preguntas y no respondió a nada, llegando a decir que incluso se podía cambiar la localización. Además dice que es un tema entre particulares en un terreno urbanizable. Es decir, prima el beneficio de los promotores sobre los derechos de los habitantes que pagamos nuestros impuestos.
